La pobreza no solo alude la falta de ingresos, sino también va relacionado con las condiciones de vida, que vulneran la dignidad y limitan los derechos de las personas.

En Chiapas, 8 de cada 10 personas indígenas viven en condiciones de pobreza, lo que limita las oportunidades educativas. De los 4,958,239 pobladores indígenas, 3,966,591 pobladores son pobres.

Resulta preocupante observar que el porcentaje de pobreza de la población indígena en estos municipios es demasiado alto. Esta situación implica múltiples carencias que afectan directamente la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Por un lado, la falta de recursos económicos limita el acceso a materiales escolares, transporte y alimentación adecuada, elementos básicos para el aprendizaje. Por otro, las condiciones de vida obligan a muchos niños y jóvenes a incorporarse al trabajo desde edades tempranas, reduciendo el tiempo y la energía que pueden dedicar a sus estudios.

En 2022, en Chiapas, habían 1,626,601 niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años. Del total estatal se registraron 228,406 personas en este rango de edad que desempeñaban alguna ocupación,correspondiente al 14.04% del valor estatal. 7 de cada 10 trabaja en el sector agrícola, 2 de cada 10 en el sector comercio y servicios, y 1 de cada 10 en la industria y construcción. Los niñas, niños y adolescentes inadígenas son los principales en sufrir este problema, ya que el sector agrícola es preponderante en su zona, y por su tradición y cultura es común observarlos vender sus productos artesanales.

Además de la pobreza y las necesidades económicas, hay otras causas detrás del trabajo infantil.En el ámbito rural y en las familias indígenas se considera que el trabajo es benéfico para el sano desarrollo de NNA, ya que los sitúa frente a responsabilidades, los ayuda a madurar y les aporta una experiencia de aprendizaje que difícilmente podrían obtener en la escuela, la casa o en el espacio recreativo.

Esta realidad evidencia una profunda desigualdad, mientras algunos estudiantes cuentan con recursos y apoyos, otros enfrentan múltiples barreras desde el inicio, lo que convierte la educación en un privilegio más que un derecho garantizado.

Existen esfuerzos orientados a mejorar la situación educativa en las comunidades indígenas, como los programas de educación bilingüe. Estos avances resultan aún limitados frente a la magnitud del problema. Esta realidad invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer políticas educativas verdaderamente incluyentes, que reconozcan y atiendan las condiciones sociales, culturales y lingüísticas de estas comunidades. Solo así será posible avanzar hacia una educación que no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho efectivo y garantizado para todos.

Es momento de dejar de observar la crisis educativa en Chiapas como un fenómeno distante. Frente a esta realidad, la educación en comunidades indígenas de Chiapas deja de ser solo un problema social y se convierte en una responsabilidad compartida. El rezago educativo es consecuencias de las condiciones sociales y económicas en las que viven muchas personas. Como sociedad tenemos que exigir mejores políticas educativas para contribuir a reducir estas brechas. La educación de calidad no debería depender del lugar donde nace, sino ser un derecho garantizado para todos.

Fortalecer la educación mediante la estrategia de profesionalización docente en lenguas indígenas, para combatir la exclusión de la población indígena en la educación. Ofrecer una educación con enfoque intercultural y bilingüe, que ayude a disminuir la deserción de la población indígena en nivel básico. Implementar programas de las lenguas indígenas, incluyendo a todos los pueblos originarios a tener su derecho a una educación de calidad. Priorizar la inversión en la educación indígena, mejorar la infraestructura escolar básica y equiparlos con un buen mobiliario escolar.